Aprueba Cámara de Diputados propuesta de Barrera Fortoul para dar protección a niños y adolescentes

Con 482 votos a favor, aprueba Cámara de Diputados propuesta de Barrera Fortoul para dar protección a niños y adolescentes.

Por unanimidad, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, con el fin de brindar protección a los menores que han quedado en orfandad.

La propuesta impulsada por la legisladora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Laura Barrera Fortoul, fue avalada con 482 votos a favor, cero abstenciones y cero en contra y fue turnada al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

Al argumentar su iniciativa que reforma los artículos 10 y 26 de la mencionada ley, la priista mexiquense indicó que en México viven más de 1.6 millones de menores en situación de orfandad, de los cuales hay 400 mil casos de niñas y niños sin cuidados parentales.

Dijo que muchos niños han quedado en la orfandad, ya sea a causa de la violencia que persiste en el país, por la migración de sus progenitores, por abandono e incluso como consecuencia de la pandemia causada por el coronavirus.

“Si a esto le sumamos los más de 250 mil niñas y niños que han perdido a su padre, madre o ambos a causa del Covid-19, el problema y el panorama se vuelven aterradores”, expuso Laura Barrera desde la máxima tribuna de la nación.

Manifestó que en México todos los sistemas de integración familiar están limitados en sus funciones y se les dificulta actuar, debido a que en la actual legislación se establece que solo pueden proteger y atender a los menores a denuncia expresa.

Dijo que esto representa una limitante, “ya que nuestras niñas, niños y adolescentes se quedan en orfandad en su proceso de representación”, lo cual provoca un proceso legal lento.

Barrera Fortoul comentó que cuando una niña o niño pierde a su madre a temprana edad a causa de alguna enfermedad, su riesgo de padecer depresión puede ser entre el 15 y 19 por ciento, según descubrió un estudio en Suecia. Sin embargo, cuando la muerte ocurre por homicidio, suicidio o accidente, esto se incrementa a casi 223 por ciento.

Comentó que garantizar los derechos de la infancia es una obligación jurídica y una prioridad social que requiere de una participación y compromiso más amplio, así como la intervención de todas y todos y cada uno de los actores y sectores del país.